La denominada comunicación social es una responsabilidad del Estado mexicano para la rendición de cuentas y la transparencia establecidas en la Constitución [Artículo 6o] y diversas leyes. A su vez, estas son precondiciones para el ejercicio ciudadano del derecho a la información.

Históricamente, sin embargo, la comunicación institucional ha funcionado más como mecanismo para el culto a la personalidad de lxs altxs funcionarixs; la opacidad y el control de la información; cooptación de medios y periodistas; y la censura y el manejo de crisis.

En el ámbito penal, específicamente, ha sido el instrumento para la exhibición mediática, la criminalización y los tribunales paralelos contra las personas víctimas e imputadas de delito, lo cual persiste aún hoy en México, ya implementado el sistema de justicia penal acusatorio ―que establece diversas protecciones a la dignidad, la integridad y la privacidad de quienes protagonizan el procedimiento penal.

Pero te tenemos una gran opción: ¡Tú puedes ser un/a nuevo/a comunicador/a judicial, propiciando desde el corazón mismo de las instituciones del sistema penal que todas y todos tengamos acceso a la información evitando en especial los juicios mediáticos!